COLOMBIA Y LAS FARC: UN PROCESO COMPLEJO

COLOMBIA Y LAS FARC: UN PROCESO COMPLEJO
Santos y Timochenko firmaron la paz

Se buscó que el acuerdo de paz alcanzado después de 4 años de conversación entre los guerrilleros de las FARC y el Gobierno, fuese avalado por una consulta popular, cuyos resultados imprevistos, plantearon un escenario lleno de incertidumbres y retos.

Aunque a priori podía pensarse que Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, daría continuidad a las políticas de dicho mandatario, tan pronto resultó triunfador en la contienda electoral de 2010 inició una hoja de ruta que lo desmarcaba de la sombra de su antecesor.

En 2012, a través de un pronunciamiento a la Nación, participó que se instalaría una mesa de diálogo entre su administración y los líderes del grupo guerrillero de las FARC, a fin de conseguir, por la vía pacífica, el cese de hostilidades entre dicha organización y el gobierno colombiano, conflicto éste que se remonta a más de medio siglo de enfrentamientos armados con las consecuencias que ello trae consigo.

Cabe asimismo destacar que, desde 1999, cuando el ex presidente Andrés Pastrana tuvo una iniciativa similar, en Colombia no se habían vuelto a sentar a conversar ambas partes. Y lo cierto es que, después de cuatro años, durante los cuales Cuba, y especialmente Raúl Castro, han servido de intermediarios, los bandos aquí descritos han mostrado voluntad para alcanzar un acuerdo que permita el desarme del grupo armado y su consiguiente inclusión en la vida política neogranadina.

No sólo el encuentro entre líderes guerrilleros y representantes gubernamentales ha sido complejo. Existe en Colombia un sector político y, en correspondencia, uno social, que se oponen a todo esto, por considerarlo un proceso que promueve la impunidad ante los criminales, debilitando así la imagen del Gobierno. A la cabeza de estas discrepancias ubicamos al ex presidente Uribe y su partido Centro Democrático.

Pese a los escollos propios de un escenario como el aquí aludido, no sólo el presidente Santos fue reelecto en el cargo para gobernar otro período, sino que a finales del mes de septiembre de este año logró anunciar a la opinión pública la elaboración definitiva del tan ansiado acuerdo de paz, lo que daría pie a un plebiscito para que fuera la voluntad del pueblo la que avalara finalmente los puntos establecidos en dicho compromiso.

Pocos días transcurrieron entre el momento en que se culminó la elaboración del tratado y la cita electoral en cuestión. Una muy corta pero intensa campaña polarizó a la sociedad colombiana, entre los que apoyaban el proceso y los que rechazaban los términos del mismo.

Cabe destacar que las encuestas pronosticaban una alta tasa de abstención, razón por la cual se rebajó el nivel de apoyo requerido para que los resultados fueran admitidos como válidos. Del 23% establecido, se redujo a un mínimo del 13% del censo electoral.

Finalmente, el 2 de octubre de 2016 se celebró la tan esperada consulta popular, que arrojó unos resultados sorprendentes para los defensores de que se aprobara el tratado de paz, es decir, la opción del “Sí”. Pese a lo que indicaban todas las encuestas, el “No” se impuso por una diferencia de 60 mil votos, siendo Uribe el gran protagonista de la fecha. Los resultados fueron llamativos ante los ojos de la comunidad internacional, y las consideraciones sobre ellos fueron muchas.

Por un lado, se habló sobre el protagonismo de Cuba y su dictador como moderadores de la mesa de diálogo, la cual, vale la pena acotar, se instaló en La Habana. Sobre este aspecto, la dirigencia más conservadora, incluyendo a Uribe, alegó que la intención última de todo era debilitar el modelo democrático y acercar a Colombia a una experiencia política similar a la que atraviesa Venezuela, y que la propia Cuba ha aplaudido y fomentado.

Por otro lado, se argumentó que la inclusión de dicho grupo armado a la vida política y la sostenibilidad de los puntos tratados en el acuerdo, como por ejemplo el impulso a la agricultura, acarrearían enormes gastos para el Estado y, por ende, un impacto negativo en la economía del país.

Aunado a ello, grupos organizados de víctimas del conflicto exigían mayor dureza en cuanto a la aplicación de justicia para los cabecillas y responsables directos de todos los delitos perpetrados por la guerrilla. En honor a la verdad, este último aspecto fue el menos determinante si entendemos que las regiones donde el “Sí” obtuvo una considerable mayoría, fueron justamente donde las FARC cometieron los ataques más potentes, que en consecuencia dejaron cifras enormes de afectados.

Pero ganó el “No”, y el presidente Santos no sólo reconoció de inmediato la derrota de su propuesta, sino que mantuvo la disposición de diálogo a fin de impedir que lo alcanzado hasta el momento, se tirara por la borda. Acción ésta que las FARC, en voz de alias Timochenko, acompañó asegurando que estaban dispuestos y tenían la voluntad de alcanzar la paz que todos los colombianos desean.

A los pocos días de estos acontecimientos, y como una suerte de espaldarazo estratégico al camino recorrido por Gobierno y guerrilla, el presidente Santos fue galardonado con el Nobel de la Paz, lo que de alguna manera obligó a todos los actores del proceso –incluyendo a los defensores del “No”- a comprometerse en el corto tiempo, a buscar una solución a este impasse.

Este escenario, poco o nada vislumbrado por los principales protagonistas, permitió a quienes se oponían a determinados puntos establecidos en el tratado de paz, integrarse a la mesa de negociación y desde allí elevar sus propuestas o manifestar sus discrepancias.

Así pues, el 13 de noviembre de 2016, el Gobierno colombiano anunció que previa conformidad de las partes involucradas en la mesa de negociación, se ha alcanzado un nuevo acuerdo para asegurar la paz entre FARC y Estado, pese al plazo máximo que se habían planteado para estas diligencias, que se extendería hasta el 31 de diciembre próximo.

Todo esto ha traído consigo que fuese revisado el aspecto fiscal del dinero que será destinado tanto para la desmovilización de los guerrilleros como para la constitución del movimiento político que les permitirá actuar en el juego democrático. También la discusión de la reforma rural para la eliminación de cultivos ilícitos y atacar eficientemente el mercado de la droga. Asimismo, se revisaron y modificaron algunos puntos sobe la aplicación de la justicia y la actuación de la Junta o Tribunal transitorio que llevará estos casos.

Inevitablemente algo de impunidad habrá, pues entre las exigencias del grupo guerrillero está la necesidad de que sus líderes sean también los líderes del nuevo movimiento político, lo que permitirá que sean acreedores de una amnistía al tiempo de un inmunidad si finalmente son incluidos en el Congreso. Ahora bien, no con ello se pasarán por alto los delitos imputados por terrorismo, narcotráfico, trata de personas, entre otros. Corresponderá a la Justicia una evaluación exhaustiva de los hechos para determinar las debidas responsabilidades.

Quedará esperar hasta el ocaso de este año – o quizás antes- si este proceso pasa de manera satisfactoria a la página de historia del continente, pues precede a uno similar que está por emprenderse con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la misma Colombia. De declarase finalmente la paz con todo lo que ello establece, cualquiera de las facciones de las guerrillas que estimen seguir en armas serán tratados como bandas criminales y la Justicia junto a las autoridades actuarán en consecuencia, con el apoyo de la comunidad internacional.

Pavel Sidorenko es historiador y actual doctorando en Periodismo.

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